La coalición de Ong por la Infancia dijo ayer que la falta de comunicación en la familia sobre orientación y educación sexual, provoca que los niños y adolescentes que sufren violencia o son abusados no tengan la suficiente confianza para hablar con sus padres o tutores.
Asimismo, pidieron al Estado garantizar la debida protección a los menores ante las diversas formas de violencia que podrían padecer.
“Cuando a una adolescente le pasa esto tiende a callar, y sobre todo por toda la situación de estigma y discriminación que hay hacia las niñas, sobre todo cuando salen embarazadas en comunidades y muchas veces la familia lo oculta”, dijo Catalina Encarnación.
En ese sentido, señaló que la familia juega un rol fundamental para prevenir la violencia en los niños y adolescentes, pero el Estado como garante de sus derechos tiene la obligación de trabajar en la prevención, orientación y educación, para así evitar situaciones críticas como las sucedidas a Emely Peguero, de 16 años y Dioskary Gómez, de 18.
Herramientas necesarias. De su lado, Santa Mateo destacó que la mayoría de las familias dominicanas no cuentan con las informaciones y herramientas necesarias para abordar el tema de la salud sexual y derecho reproductivo.
Por tal motivo, aconsejó a los padres mantener un diálogo armonioso y de confianza con sus hijos.
Asimismo, destacó que las escuelas juegan un rol fundamental, por lo que pidió al Estado desarrollar un plan de educación sexual integral para formar a los adolescentes desde su identidad, como persona.
“Cuando un adolescente sabe lo que quiere está en la capacidad de poner límites a la violencia”, sostuvo.
Destacó que en el país predomina la cultura machista y frente a una adolescente el que tiene el poder es el adulto, quien la seduce. “Tenemos que hacer conciencia de eso, porque las adolescentes no se embarazan solas y las estadísticas dicen que se embarazan de adultos que les llevan cinco y seis años”.
Estado no protege. Por otra parte, Tomás Polanco señaló que los asesinatos de Peguero y Gómez son trágicos ejemplos de femenicidios y demuestran la triste realidad, de que el Estado no garantiza la protección de las niñas y adolescentes.
Explicó que el Estado y el sistema de protección tienen la obligación de garantizar la prevención, denuncia, persecución de los victimarios.
“La violencia machista es un problema de salud pública y sus ejecutores deben ser perseguidos”.